■ La minera estatal ingresó una acción judicial en contra de Héctor Flores y Guillermo Acuña, por delitos cometidos a la Ley de Seguros. La demanda se basa en información clave que fue entregada en un informe elaborado por Chilena Consolidada.
Fuente: Diario Financiero, 24 Mar 2021, POR DANIEL VIZCARRA G.
Ha pasado más de un año desde que estalló el Caso Seguros de Codelco y de a poco la minera ha ido afinando la puntería de sus acciones judiciales.
A inicios de 2020, y tras darse a conocer que entre 2004 y 2019 los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y entre 2008 y 2016 el sindicato de trabajadores de Radomiro Tomic suscribió pólizas de vida y accidentes con sobreprecios, de inmediato las miradas se posaron sobre Chilena Consolidada, aseguradora emisora de los productos, y la firma que operaba como intermediaria, Gestión y Servicios (GyS).
Codelco acusó un fraude de US$ 22 millones, los que fueron repuestos por la aseguradora ligada a Zurich, luego que en agosto de 2020 ambas partes alcanzaran un acuerdo que eximió a la aseguradora de cualquier responsabilidad civil, además de colaborar con información valiosa para el caso.
Fue ahí cuando la atención de la minera estatal se enfocó en GyS, lo que se materializó en una querella en contra de sus representantes, Héctor Flores y Guillermo Acuña, ingresada en el Juzgado de Garantía de Calama a fines del año pasado, la que fue admitida.
El informe de Chilena
La acción judicial de Codelco se basa en información recopilada por Chilena Consolidada en el reporte denominado “Caso Pólizas Sindicatos de Codelco. Informe sobre Hallazgos de la Investigación”.
En el documento se relata que en noviembre de 2004, Héctor Flores estructuró una licitación de pólizas para los sindicatos de la minera estatal, en la que la compañía aseguradora ganadora del proceso debía contratar a GyS y a su filial Servisalud para la prestación de servicios de asistencia legal, psicológica y para administrar las pólizas de seguros contratadas.
“Los pagos que debían efectuarse a la empresa GyS se fijaron en el 40% del valor de la póliza, lo que determinaba el precio final que se ofertaría por la compañía de seguros que participara en la licitación”, indica el documento.
Conforme fue requerido en la licitación de las pólizas, Chilena Consolidada contrató a GyS para la prestación de servicios indicados. Algunos de esos contratos, -apunta la querella de Codelco-, fueron suscritos por el exgerente general de la aseguradora, José Manuel Campusano, quien hoy mantiene una disputa laboral con la compañía de seguros, junto al exgerente de operaciones, Bernardo Guerra.
GyS en los dos extremos de la relación contractual
La querella presentada por Codelco acusa que GyS cometió el delito de corretaje ilegal de seguros, previsto en el Artículo Nº48 de la Ley de Seguros, ya que habría operado en “clandestinidad legal”.
La acción judicial de la minera señala que la intermediaria no se habría limitado solo a prestar servicios de asistencia legal y psicológica, sino que también habría llevado a cabo las evaluaciones técnicas y económicas de los procesos de
La minera acusa que todas las operaciones que habría realizado GyS se llevaron a cabo sin contar con la inscripción en los registros regulatorios respectivos que están a cargo de la CMF.
contratación o renovación de las pólizas de seguro de vida y accidentes personales, los que finalmente eran contratados a través de ella por los dirigentes de los sindicatos en cuestión.
“La empresa GyS se encontraba en los dos extremos de la relación contractual entre asegurados y aseguradora: de un lado, asesoraba a sindicatos en el proceso de contratación de los seguros, evaluando técnica y económicamente las alternativas disponibles y, de otro, administraba la póliza y formaban parte de la oferta de Chilena Consolidada para la prestación de ‘Otros Servicios’ contemplados en la póliza”, lo que según el informe, habría sido impuesto por GyS como condición de la contratación de las pólizas, dice Codelco.
La minera acusa que todas las operaciones que habría realizado GyS se llevaron a cabo sin contar con la inscripción en los registros regulatorios respectivos, que están a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Es por eso que Codelco solicitó al Juzgado de Calama que oficiara al regulador para que este envíe el listado de corredoras de seguros que están inscritos.
“Todo lo anterior fue condición de posibilidad para la consumación de un millonario fraude consistente en el cobro de un sobreprecio injustificado y fraudulento que pagaron los trabajadores y nuestra representada, por pólizas de seguros de vida y de accidentes personales negociados y contratados por las directivas sindicales de los Sindicatos de Trabajadores números 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y del Sindicato de Trabajadores de la División Radomiro Tomic, en virtud de las normas pactadas en los instrumentos colectivos respectivos”, acota la acción judicial de Codelco.
Consultado sobre la querella en su contra, el dueño de Gestión y Servicios, Héctor Flores, no realizó comentario sobre el fondo de la causa, aunque señaló que está preparando su defensa.