Columna de María Victoria Núñez, Asesora Previsional.
Directora de Colegio de Corredores de Seguros y Asesores Previsionales.
El proyecto de Reforma Previsional que actualmente se discute en el Congreso tiene algunas propuestas que son plausibles y que traen beneficios sociales, como el respaldo a las personas cuidadoras o la creación del Fondo Integrado de Pensiones, creemos que deja la seguridad de los fondos al debe, trayendo una serie de incertidumbres.
Si bien creemos necesario que se aumente el porcentaje de cotización a 6%, vemos con preocupación que se deposite en un fondo solidario administrado por el Estado a través de un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), ya que no entrega seguridad de que el cotizante tenga un aumento de la pensión en la misma proporción del aumento. ¿Por qué? Sabemos que en Chile casi el 50% de los trabajadores son informales, y el mecanismo de repartición que plantea la actual reforma no asegura que quienes más aportan sean directamente beneficiados.
Además la eliminación del Retiro Programado no resulta conveniente para los afiliados con baja expectativa de vida. Al existir solamente la opción de Renta Vitalicia, los fondos no serían realmente propiedad del afiliado como es ahora, porque no existiría otra alternativa. En tanto, la eliminación de los depósitos convenidos impediría un mejoramiento de la pensión a través de los aportes del empleador, y la imposibilidad de tener una segunda cuenta, no permitiría complementar el ahorro obligatorio, dejando fuera la libertad de sacar montos en caso de necesidad.
En cuanto a la administración de los fondos y tramitación de pensión, la actual reforma no puede desconocer que, tal como demuestran las encuestas, la gran mayoría de los consultados prefieren tener libertad de elegir el ente que lo haga. En este sentido, la reforma plantea que las pensiones se adjudicarán a través de licitaciones de los nuevos pensionados, para que el afiliado seleccione entre las tres mejores ofertas. Esto hace desaparecer la oferta externa y restringe la competencia entre las compañías, que mejoran las ofertas y que constituye el 80% de las Rentas Vitalicias contratadas.
Otro elemento que vemos con preocupación es la figura del “autoprestamo”: dada las altas lagunas previsionales, existe desconfianza de que los afiliados pudieran devolver estos fondos. Esto acarrearía resultados como los retiros del 10%, perjudicando la pensión futura.
Finalmente, esta reforma trae un gran costo para el Estado: para hacer posible su implementación
necesita de la contratación de 1732 funcionarios que atiendan las tareas de soporte administrativo (recaudación, pago de pensiones, cobranzas) del Administrador Previsional Autónomo APA (Sucesor del IPS). En contexto de recesión por post pandemia ¿Están realmente seguros los fondos con una mayor administración del Estado? Al menos como está planteado en esta reforma,
continuamos con la incertidumbre.
