La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer hoy el documento “Evaluación de Impacto: Implementación de las Recomendaciones Normativas de la FNE en Licitaciones de Seguros Hipotecarios”, que da cuenta de los efectos causados por las medidas que la institución recomendó en agosto de 2019 al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda para mejorar la dinámica competitiva en este mercado.
Estas recomendaciones surgieron al término de la “Investigación de oficio sobre licitaciones de seguros hipotecarios”, llevada a cabo por la División Antimonopolios de la FNE, que constató falta de competencia en el segmento de corretaje asociado a los seguros de desgravamen e incendio.
La falta de competencia se reflejaba, por ejemplo, en que en el 94,8% de las licitaciones realizadas entre 2012 y 2017 sólo se presentó el corredor relacionado a la entidad crediticia y en que la comisión promedio de corredores no relacionados o independientes de la entidad crediticia era sustancialmente menor. También se identificó que en el 99,96% de los casos en que existía un corredor relacionado a la entidad crediticia, el servicio le fue adjudicado.
Tras este diagnóstico, la FNE recomendó al Poder Ejecutivo realizar ajustes a la normativa a fin de fomentar la competencia, con foco en el corretaje de seguros. Estas recomendaciones fueron mayoritariamente acogidas, primero, por el Poder Ejecutivo y, luego, por el Congreso Nacional, transformándose en la Ley N°21.314, de 2021, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados.
Las principales recomendaciones, y que fueron recogidas en dicha ley, consistieron en eliminar el derecho de la entidad crediticia para reemplazar a su arbitrio al corredor incluido en las ofertas de seguros colectivos licitados, en la medida que se igualara la comisión; suprimir la facultad de las entidades crediticias para exigir la presencia de un corredor de seguros; y revisar los servicios que se podían exigir al corredor de seguros.
Efectos del cambio legislativo
El documento, elaborado por la División Antimonopolios de la FNE, señala que la implementación de dichas recomendaciones generó ahorros anuales de US$ 25,52 millones y benefició a casi 1,3 millones de clientes de créditos hipotecarios, debido principalmente a una menor participación y adjudicación en las licitaciones de corredores relacionados a los bancos que ofrecen el crédito hipotecario y a un aumento considerable en la participación y adjudicación de las pólizas a aseguradoras sin corredor de seguros, lo que disminuye el precio del producto final.
Según la evaluación de la FNE, el mayor ahorro se concentró en la cartera de incendio y sismo, que, con ahorros de US$ 17,92 millones, representó 70% del total. Luego, se ubicó el segmento de seguros de desgravamen, en el cual el menor gasto de las personas alcanzó a casi US$ 7 millones, equivalentes a 26% del total.
“La dinámica competitiva de las licitaciones realizadas después de la dictación de la Ley N°21.314 da cuenta de importantes impactos de la implementación de las recomendaciones efectuadas por la FNE, lo que refuerza la importancia de las recomendaciones normativas que esta Fiscalía puede realizar con motivo de sus investigaciones o estudios de mercado”, destacó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Junto con lo anterior, la mayor competencia observada en este mercado se tradujo en una reducción significativa de las comisiones promedio del sistema, cuyos valores fueron menores a 3% en 2023, mientras que antes del 2019 eran de 17%. Del mismo modo, disminuyó la brecha en el precio de las ofertas de corredores independientes y corredores relacionados.
Las recomendaciones normativas constituyen una de las herramientas más relevantes que la ley confiere a la FNE en el ámbito de promoción de la libre competencia y están consagradas en el artículo 39 letra q) del Decreto Ley Nº211 de 1973, que señala que las proposiciones, emanadas al término de una investigación o de un estudio de mercado, deben ser remitidas al Presidente de la República a través del Ministro de Estado que corresponda.
Ver Recomendación Normativa enviada al Ministerio de Hacienda.
