NEWSLETTER DE SEGUROS No 3 y No 4 – SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Mencionamos que la agravación del riesgo puede tener varias consecuencias, tales como:
• Anulación del contrato: Si se descubre que el asegurado agravó el riesgo sin notificar a la aseguradora, esta podría tener derecho a anular el contrato de seguro.
• Rechazo de un siniestro: Si el riesgo agravado resulta en un siniestro, la aseguradora podría rechazar la cobertura, argumentando que el siniestro no habría ocurrido o no habría sido tan severo de no haberse agravado el riesgo.
• Ajuste de la prima: Si la aseguradora es notificada sobre la agravación del riesgo, podría optar por ajustar la prima del seguro para reflejar el mayor riesgo asumido.

Así las cosas, el principio de no agravar el riesgo es fundamental para mantener la equidad en la relación entre asegurador y asegurado, y asegurar que la cobertura se mantenga en condiciones justas y adecuadas.

3. COMENTARIO SOBRE JURISPRUDENCIA – EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE DAÑOS EXPERIMENTADOS EN EL MOTOR POR ASPIRACIÓN DE AGUA Y CONTRA EXCEPCIÓN CONTENIDA LA PÓLIZA EN LA CUAL LA ASEGURADORA DEBE RESPONDER EN CASO QUE EL VEHÍCULO CIRCULE POR CAMINO PÚBLICO.10

Ha sido creciente el último tiempo el rechazo de compañías de seguros respecto a reclamaciones de coberturas de asegurados relativos a daños materiales experimentados en pólizas de seguros de vehículos motorizados en aquellos casos en que éstos últimos experimenten un daño al motor provocado por aspiración de agua. Según múltiples condicionados generales que rigen sobre estas pólizas, esta circunstancia constituye a una exclusión expresa de cobertura. Sin embargo, en estos mismos condicionados frecuentemente se establece una contra excepción a dicha exclusión en virtud de la cual la póliza si debiese indemnizar los daños materiales que experimente el respectivo vehículo. Para que ello proceda, esta contra excepción establece que la aseguradora indemnizará al asegurado en el evento que la aspiración de agua del motor del vehículo se haya producido en el contexto de que el vehículo recorre, se encontraba transitando y/o10 Osvaldo Contreras Buzeta

se encuentra detenido en cualquier curso de agua no destinado para el tránsito de vehículos a motor, que sean de trayecto obligado en un camino público. Más allá de la interpretación más beneficiosa que debe otorgarse al contrato de seguro a favor del asegurado que en este caso operaría a favor de este último (artículo 542 del Código de Comercio), el fundamento de esta contra excepción en la cual la póliza ordena al asegurador cubrir el siniestro, se encuentra en que el asegurado, al verse enfrentado a dicha situación no ha incurrido una conducta temeraria o negligente y/o agravado el riesgo de forma imprudente, sino que ha experimentado un caso fortuito o una situación imposible de resistir mediante la cual se cumple la finalidad del seguro la cual es transferir ese riesgo a la aseguradora a fin de que este lo asuma y lo indemnice.

Lo anterior así parece entenderlo perfectamente un fallo dictado por un juzgado civil el cual fue confirmado en todas sus partes por la respectiva Corte de Apelaciones y recientemente la Corte Suprema, cuyos hechos brevemente señalamos a continuación.

El caso versa en la demanda que interpuso el dueño de un vehículo en contra de una aseguradora que rechazó la cobertura de un siniestro haciendo valer la exclusión de cobertura previamente referida. Durante la tramitación del juicio, el demandante acreditó que, en la fecha de ocurrencia del siniestro, se encontraba conduciendo el vehículo asegurado en dirección a un sector al que solo se puede acceder a través de una ruta de arena contigua a la línea costera y que es la única vía para ingresar a dicho sector. Durante el trayecto, el vehículo quedó atrapado a la altura de un riachuelo que desemboca en el mar, cuyo nivel de agua al momento de ocurrir el incidente era bajo, pero posteriormente y conforme pasaban las horas sin poder sacar el vehículo de su entierro, subió e inundo gran parte del mismo comprometiendo el sistema eléctrico, sufriendo daños superiores al 65% de su valor comercial.

Teniendo por acreditado el hecho que el lugar en donde ocurrió el siniestro corresponde a un sector de la playa de la zona costera del Pacífico como única vía de tránsito vehicular para acceder a sus viviendas y terrenos agrícolas, y que este mismo es utilizado por visitantes y turistas que acuden al sector, el tribunal acoge la demanda estableciendo que el siniestro respecto del cual la demandante pretendió hacer efectiva la póliza contratada con la aseguradora, formaba parte de un camino público que era utilizado regularmente para el transito al sector al que se dirigía, no obstante a que partes del camino se encuentran por las playas de la zona costera.

Estos supuestos fácticos permiten tener por configurada la contra excepción a la exclusión de cobertura que referimos al inicio de este comentario, lo cual ahonda el tribunal haciendo especial énfasis en la conducta del asegurado en orden a que éste no desplegó una conducta negligente o temeraria, ni tampoco agravó el riesgo, situaciones que en caso de haberse acreditado por la aseguradora demandada habrían incidido en un eventual rechazo de la demanda del asegurado.

Así por ejemplo, el tribunal, al analizar los presupuestos fácticos de procedencia para que esta contra excepción sea aplicable en orden a que la aseguradora indemnice el siniestro, en relación con la obligación del asegurado de actuar con el debido cuidado para prevenir el siniestro (art. 524 N° 4 del C.Com.) establece en la sentencia que “el automóvil siniestrado, propiedad de la demandante, no fue conducido por la playa por mera voluntad del chofer de este, si no que el paso por la playa fue porque está precisamente era parte del camino público de acceso al destino y por lo tanto era un paso obligado”.

Así entonces, el fallo sostiene que “el conductor del vehículo siniestrado lo condujo por el único camino habilitado para acceder a su destino. En consecuencia mal se le podría acusar de no emplear el cuidado debido para prevenir el siniestro, pues no tenía otra vía para transitar a donde se dirigía y por lo mismo no se le puede exigir una conducta distinta pues “Ad impossibilia nemo tenetur”, es decir, a lo imposible nadie está obligado, principio general del derecho que supone que no se puede exigir de una persona una conducta imposible si precisamente las condiciones impiden exigir otro comportamiento diverso.”

En suma, consideramos totalmente correcto y ajustado a derecho este razonamiento del tribunal, ya que, según los hechos acreditados en el juicio, se evidenció que se configuraban los presupuestos fácticos de procedencia de la contra excepción de exclusión de cobertura ya referida previamente, en virtud de la cual el asegurador debe indemnizar al asegurado en pólizas de vehículos por daños materiales que este haya experimentado por aspiración de agua en el motor en caso de detención o trayecto obligado en un camino público. Tal como ya señalamos, al verse el asegurado enfrentado a una situación como la descrita y contemplada en esta contra excepción, esta cláusula contractual -que forma parte del condicionado general de la póliza de vehículo respectiva- de manera objetiva y lógica deduce que el asegurado no está incurriendo en ninguna conducta temeraria ni negligente, por lo que resulta absolutamente razonable que el asegurador indemnice el daño que experimente el vehículo en esta hipótesis fáctica.

4. SEGUROS PARAMÉTRICOS EN CHILE Y SU NORMA DE CARÁCTER GENERAL (NCG) EN REVISIÓN.11

4.1. Antecedentes preliminares: Ley Fintech.
Con fecha 3 de septiembre de 2021 ingresa vía mensaje N° 172-369 a la Cámara de Diputados de Chile el proyecto de ley denominado “Ley para promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros”. Dicho proyecto se ley se desarrolló en base a los siguientes fundamentos:

11 Vicente Ríos Urzúa

• Fenómeno global de transformación digital en la prestación de servicios financieros basados en tecnología.
• Sistema de Finanzas Abiertas como condición habilitadora para potenciar la innovación, competencia e inclusión financiera.
• Modificaciones a otros cuerpos legales.

− Fortalecimiento del financiamiento de personas, micro, pequeñas y medianas empresas.
− Medidas de protección al cliente financiero.
− Condiciones habilitantes para el reconocimiento de nuevos actores y resguardo del ejercicio de sus actividades.
− Revisión de estándares y simetría legal y regulatoria.

Dentro del proyecto de ley mencionado, más conocido como “Ley Fintech”, se incluyeron algunas normas sobre seguros que modificarían en lo pertinente el DFL 251. Luego de múltiples discusiones, el 4 de enero de 2023 se promulgó la Ley Fintech y Open-Banking N° 21.521 que marcó un importante avance en la promoción de la innovación financiera y la competencia en el sistema financiero chileno, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios para los consumidores. Esta fue la ley clave que permitió abrir el mercado nacional a la comercialización de seguros paramétricos.
Entre los aspectos esenciales de esta nueva normativa, destacan los siguientes puntos:

• Establecimiento de un marco regulatorio para servicios financieros basados en tecnología que antes carecían de una normativa adecuada, lo que había dificultado su desarrollo en Chile debido a problemas legales.
• Regulación de las entidades que realizan operaciones de intermediación y custodia, proveen plataformas de transacción y brindan asesoría sobre instrumentos financieros, incluyendo criptoactivos y contratos por diferencia. Estas entidades ahora estarán reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero y deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad para poder operar.
• Creación del Sistema de Finanzas Abiertas (Open Banking), que permitirá el intercambio de información financiera de clientes entre proveedores de servicios financieros. Esto contribuirá a abordar la asimetría de información que a menudo enfrentan los nuevos actores y facilitará el desarrollo de nuevas ofertas de productos y servicios financieros.
• Regulación de los proveedores de servicios de iniciación de pagos, quienes podrán ofrecer servicios para realizar transferencias electrónicas desde las cuentas de los clientes a cuentas de terceros, operando como medio de pago sin necesidad de utilizar tarjetas. Esto fomentará una mayor competencia en el mercado de pagos y reducirá el uso de efectivo.
• Reconocimiento del uso de criptoactivos como medios de pago, ampliando las facultades del Banco Central de Chile para considerarlos como tales, siempre que su valor sea determinable y estén respaldados por dinero («stablecoins»), cumpliendo con los requisitos establecidos por el instituto emisor.
• Modificación de diversas leyes que rigen a las instituciones financieras tradicionales con el objetivo de lograr una regulación similar para servicios financieros comparables, y la reducción de ciertas barreras de entrada para las empresas FinTech, como el acceso a cuentas corrientes.

En conjunto, la Ley Fintech representa un importante paso hacia adelante para el desarrollo y la evolución del sector financiero en Chile, alentando la innovación y brindando mayores oportunidades para una oferta de servicios más diversa y competitiva en beneficio de los consumidores.

4.2. El nuevo Art. 11 del DFL 251
Posterior a la modificación de la ley en comento, la redacción actual del art. 11 del DLF 251 quedó del siguiente modo (se subrayan los incisos agregados):

Art. 11. DLF 251 TEXTO ACTUAL. No podrán organizarse entidades aseguradoras destinadas a cubrir riesgos comprendidos en los dos grupos.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, las entidades aseguradoras de uno y otro grupo podrán cubrir los riesgos de accidentes personales y los de salud.
Los riesgos de crédito deberán ser asegurados sólo por compañías del primer grupo que tengan por objeto exclusivo precisamente cubrir este tipo de riesgo, pudiendo, además, cubrir los de garantía y fidelidad. Las aseguradoras de crédito no podrán otorgar esta cobertura ni aceptar su reaseguro, cuando el asegurado o el deudor de éste sea persona relacionada con la compañía aseguradora o reaseguradora, según el caso. Se exceptuarán de esta prohibición los seguros de crédito a las exportaciones.
Se entenderá por seguro de crédito aquel que cubre los riesgos de pérdidas o deterioro en el patrimonio del asegurado, producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de dinero.
Los seguros podrán convenirse como paramétricos, esto es, que, frente a la ocurrencia del riesgo o evento dañoso, contemplado en el contrato, la indemnización sea pagada sin que el asegurado deba justificar la existencia o monto de los daños, y aun en caso de que éstos no se produzcan. El asegurado deberá estar realmente expuesto a sufrir un daño ante la ocurrencia del siniestro, aunque dicho daño finalmente no se materialice. Para esta modalidad, las variables y riesgos deberán ser demostrables y claramente medibles a través de procedimientos objetivos y el riesgo deberá ser asegurable conforme a las reglas generales.

La Comisión establecerá para los seguros paramétricos, mediante norma de carácter general, los criterios a los cuales se sujetarán, entre otros, las variables que se podrán tomar como índices, los riesgos que serán asegurables bajo esta modalidad y las características de las pólizas que se depositen. No se podrán contratar bajo esta modalidad los seguros previsionales, aquellos que sean obligatorios y los que se exijan como requisito para el desarrollo de una determinada actividad.
La Comisión determinará, mediante norma de carácter general, las normas aplicables a las compañías de seguros y auxiliares del comercio de seguros respecto de la comercialización, distribución, liquidación expedita de siniestros y gestión de reclamos relativos a seguros inclusivos, microseguros y seguros masivos, entendidos como aquellos destinados a sectores excluidos o subatendidos del mercado independientemente de su nivel de ingresos económicos, aquellos destinados a sectores de la población de bajos ingresos, o aquellos susceptibles de ser distribuidos por medios de comercialización masivos, respectivamente.
La Comisión podrá establecer normas diferenciadas para este tipo de seguros en cuanto a coberturas y exclusiones, emisión de pólizas simplificadas o comprobantes de contratación y medios tecnológicos a través de los cuales se podrá cumplir la obligación de entrega de información a los asegurados y beneficiarios conforme a las normas del Código de Comercio, obligaciones de asesoría, recepción de denuncios y liquidación de siniestros, en atención a la naturaleza de los riesgos o perfil de clientes a los cuales estén dirigidos.

A partir de la promulgación de la ley en comento en Chile se legitima la posibilidad de comercializar seguros paramétricos propiamente tales, lo que quedó sujeto a la dictación de la NCG (norma sectorial) respectiva por parte del regulador local. Sin embargo, no es que previo a esta ley en Chile no existieran formas parametrizadas de transferencias de riesgos, de hecho, Estudio Carvallo en un reporte del año 2021 advierte en que Chile efectivamente antes de la ley N° 21.521 existían seguros basados en soluciones paramétricas: “Parametric insurance is not expressly allowed nor forbidden. It has been said that, given the structure of parametric insurance where the payment of the indemnity is based on the “parameter” and not in actually proven prejudice, this may involve an infraction of the “indemnity principle” recognized in Article 550 of the Chilean commerce code, applicable to a certain type of insurance such as Insurance of Damages. However, in our opinion, there are several examples both in our law as well as in commercial practice, that recognize coverage or insurance institutions where this indemnity principle is not required or is implicit; for example (i) policies with agreed value in respect of Marine and Aviation Hull, (ii) policies on a “replacement value” basis (value “as new”), and (iii) business interruption, expressly in respect of ALOP (Advance Loss of Profit).”12