Kevin Cowan: Economista y académico de la Escuela de Negocios UAI
Es importante que los hogares estén resguardando el bienestar de las familias ante siniestros como incendio, terremoto o robo. El seguro da una cobertura rápida mitigando en algo el impacto sobre el hogar y, a la vez, ayuda a priorizar los recursos fiscales.
El reciente informe de Género en el Sector Financiero publicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contiene un conjunto de datos desagregados sobre la tenencia de seguros que han pasado relativamente desapercibido. Esto es lamentable porque este informe es una contribución importante a la (muy escasa) información sobre penetración de seguros en los hogares chilenos, y por lo que nos dicen estos datos sobre las brechas de cobertura de los hogares.
Según los datos de la CMF un 59% de las personas tiene algún seguro no previsional, cifra algo mayor para hombres (62%) y significativamente mayor para hombres y mujeres de entre 30 y 60 años (sobre 80%). Respecto a los segmentos, destaca la importancia del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), seguros comúnmente asociados a los créditos de consumo (seguro cesantía y desgravamen) y los seguros complementarios de salud. Los seguros de daños automotrices y los seguros temporales de vida son menos frecuentes. Por otra parte, llama la atención los relativamente menores números de seguros contratados para cubrir los distintos riesgos a los que están expuestos las viviendas de las familias.
Para entender las cifras de seguros de vivienda son muy útiles los datos de la más reciente Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central (EFH 2021). Según la EFH, un 62% de los hogares es propietario de su vivienda. Considerando todos los seguros asociados a la vivienda reportados por el informe de la CMF se llega a que algo más de un 7% de la población tiene algún seguro que resguarda su propiedad –ya sea ante incendio (y su cobertura complementaria de terremoto) y robo. Tomando las últimas cifras de la CASEN sobre el tamaño promedio de los hogares (3 personas), esto sugiere que no más de un 21% de los hogares tiene algún seguro de este tipo.
Sólo un tercio de los hogares que son dueños de su vivienda tiene seguro, siendo este el principal activo no financiero de las familias. De hecho, los mismos datos de la EFH indican que 19% de los hogares tienen un crédito hipotecario, préstamo que en la mayoría de los casos considera seguros para resguardar el bien dado en garantía. En esos casos el primer beneficiario en caso de siniestro es el acreedor de la deuda, quien también es quien suscribe dicha cobertura a través de licitaciones.
Juntando los números, estos sugieren que son muy pocas las familias que tienen algún seguro que no está vinculado con el crédito hipotecario. Este resultado es consistente con datos de la EFH 2017 (la última encuesta del Banco Central con preguntas sobre seguros), donde la tenencia de seguros es significativamente mayor en hogares con deuda hipotecaria vigente.
Es importante destacar que este no es un fenómeno en Chile solamente. Las brechas de cobertura se presentan con mayor o menor intensidad en todas las economías del mundo. Un informe reciente de Geneva Association cifra la brecha de cobertura ante desastres naturales, medida como el porcentaje de daños no cubiertos por seguros, en 70% a nivel global. De hecho la reducción de estas brechas es una prioridad en muchos países dado que el cambio climático ha ido aumentado la incidencia de ciertos episodios catastróficos –con tendencias crecientes de pérdidas por factores climáticos.
¿Importa esta baja cobertura de seguro de vivienda? Sí, y mucho. En primer lugar, por el resguardo del bienestar de las familias ante siniestros como incendio, terremoto o robo. De hecho, la EFH 2017 muestra que las brechas son aún mayores en hogares de menores ingresos. Ante eventos catastróficos, como un terremoto o un incendio, el seguro da una cobertura rápida mitigando en algo el impacto sobre el hogar. Más aún, la industria de seguros de Chile tiene experiencia gestionando estos riesgos vía reaseguros y pagando en forma oportuna.
En segundo lugar, por las consecuencias fiscales de eventos catastróficos como terremotos e incendios masivos. Una amplia cobertura por parte de los hogares reduce la necesidad de apoyo estatal, reduciendo el impacto global sobre el fisco y liberando recursos para apoyar a familias de menores ingresos. Una ampliación de la cobertura privada es complementaria a las decisiones de cobertura que ha tomado el Ministerio de Hacienda a través de los bonos catastróficos (los llamados CAT Bonds).
¿Por qué son tan pocas las familias que aseguran su principal activo? No pareciera ser por falta de desarrollo general de la industria de seguros en Chile. Chile tiene una de las industrias de seguros más desarrollada de la región, con primas en relación con el PIB relativamente altas. Por otra parte, la oferta seguros para la vivienda vinculados a créditos hipotecarios da profundidad a dicho mercado.
La misma EFH 2017 sugiere que al menos parte del problema podría estar en la demanda, y en particular la educación financiera respecto a los seguros. Entre los hogares encuestados por el Banco Central que reportaban tener un crédito hipotecario vigente, solo un 36% reportaba tener un seguro de incendio o terremoto. Esto sugiere que un número alto de encuestados no tenía claridad sobre algo tan fundamental como los seguros asociados a su crédito hipotecario que mensualmente paga junto con su dividendo.
Reducir estas brechas de cobertura debiese ser una prioridad. Para ello un primer paso es seguir afinando el diagnóstico. En el marco de su objetivo de desarrollo de mercado, la CMF debiese seguir ampliando la información disponible, segmentado por ingresos y tenencia de activos.
En segundo lugar, es necesario un esfuerzo coordinado de educación financiera que de la visibilidad necesaria a los seguros y la necesidad de las coberturas de riesgos, tanto mediante las iniciativas del sector público como los esfuerzos de la propia industria.
Tercero, se debiese aprovechar las oportunidades que puede abrir la tecnología, el creciente acceso a medios de pago digitales y los seguros paramétricos para bajar las barreras de acceso. Finalmente, este es un tema donde es de primera necesidad una adecuada coordinación público-privada, para identificar potenciales trabas normativas y abordar fallas de coordinación o eventualmente evaluar intervenciones públicas focalizadas, como los que se han implementado en el sector agrícola.
fuente: www.ex-ante.cl
