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Aseguradoras de EE.UU. envían carta a Boric y afirman que reforma de pensiones es una «expropiación»A juicio del CEO del gremio American Council of Life Insurers, el proyecto «pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio».
Las controladoras estadounidenses de varias Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP) en el país no están conformes con la reforma de pensiones y así los hizo ver American Council of Life Insurers (ACLI). El gremio se aseguradoras de ese paises envió este martes una carta al Presidente Gabriel Boric y otras autoridades entre senadores, secretarios y ministros, luego que la Cámara Alta aprobara la reforma de pensiones.
En el escrito del gremio en el que se encuentran los controladores de Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC); afirma que la propuesta «crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera».
Esta declaración llega en una semana donde la Cámara de Diputados comenzará este miércoles el último trámite de la reforma de pensiones, proceso donde la Asociación de AFPs no se ha pronunciado al respecto por estos días. «A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses», aseguran.
En esa línea, señalaron que la reforma de pensiones, mediante la obligación a una licitación bienal de afiliados, «constituirían una expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile y una violación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional». Además, prosiguen, «la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura. La medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión.
También consideran que las últimas declaraciones de la ministra Jeannette Jara donde busca «incluir a un inversor público financiado por el Estado afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas». «Tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica», advierten. Y agregan.
«Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar. La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile.
El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal». Posteriormente, American Council of Life Insurers dice valorar las propuestas que fortalezcan «los ahorros individuales, buscarán mecanismos que reduzcan la brecha de género en los ahorros de pensiones, aumentarán la pensión garantizada universal (PGU) y fortalecerán la educación financiera de las personas; todo lo cual resultará en mejores pensiones.
Muchos de estos cambios emplearían las mejores prácticas globales en política de pensiones para mejorar la seguridad financiera de más chilenos. «Sin embargo, nos preocupa que ciertas disposiciones de la reforma propuesta puedan perjudicar la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores y socavar los mercados de capitales de Chile. Propuestas como la licitación bienal de carteras de afiliados, como han destacado consistentemente los estudios técnicos, obligarían a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos, a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de las inversiones para los trabajadores chilenos», añaden.
Por último, señalaron: «Nuestro objetivo es contribuir constructivamente al diálogo en torno a la reforma de pensiones y apoyar políticas que promuevan la seguridad financiera mientras fomentan la estabilidad y el crecimiento económico. Recibimos con gusto un mayor diálogo con los responsables de la creación de políticas públicas para garantizar que las reformas logren sus objetivos previstos sin consecuencias no deseadas».
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